jueves, 23 de abril de 2009

Trabajadores de Doe Run Perú emiten carta al presidente alan garcia



Doe Run Perú, el cuarto exportador de minerales del país, enfrenta una crisis luego de que un grupo de bancos le recortó un crédito vital para sus operaciones, en momentos en que la crisis financiera mundial desplomó los precios de los metales

Doe Run Perú, el cuarto exportador de minerales del país, enfrenta una crisis luego de que un grupo de bancos le recortó un crédito vital para sus operaciones, en momentos en que la crisis financiera mundial desplomó los precios de los metales.

La producción de la fundición y refinería de La Oroya opera parcialmente con el 25 por ciento de los trabajadores, mientras espera por dos líneas de crédito por 175 millones de dólares de un grupo de firmas mineras.

La compañía funde y refina cobre, zinc, plomo, oro y plata en su complejo metalúrgico, ubicado en la región andina de Junín, 174 kilómetros al este de Lima.

Además opera la mina de cobre Cobriza en la localidad de Huancavelica

Doe Run Perú tiene pendiente inversiones por 73 millones de dólares comprometidas con el Estado para completar en octubre un plan de limpieza ambiental. De lo contrario, el Gobierno tomaría el 100 por ciento de las acciones de Doe Run puestas como garantía en el anunciado plan de rescate.

CARTA AL PRESIDENTE ALAN GARCÍA


Excelentísimo Señor Presidente de la República del Perú
Dr. Alan García Pérez

ES MOMENTO DE DECIDIR POR UNA SOLUCIÓN MAYOR

Desde el 12 de marzo, cuando se publicó en el diario “El Comercio” el artículo titulado “El gobierno salvará a Doe Run de la insolvencia”, hemos seguido las informaciones respecto a la situación de dicha empresa.

También conocemos la intención de salvar económicamente a Doe Run Perú, por el bienestar de los tres mil trabajadores que laboran en sus instalaciones, usted ha señalado el 24 de marzo que “sería irresponsable dejar caer a Doe Run”, y definitivamente, entendemos que como Presidente del Perú, le corresponde velar por el bienestar integral de todos los peruanos y no solo el bienestar económico privado.

Por ello, tenga en cuenta que la situación que se vive en la ciudad de La Oroya, que por segundo año consecutivo fue declarada una de las cinco ciudades más contaminadas del mundo por el Instituto Blacksmith, requiere una visión integral que no se limite al aspecto puramente económico.

En La Oroya se ha evidenciado un alto grado de contaminación del agua y del suelo, que afecta la producción agrícola y a las familias del valle del Mantaro; pero principalmente se sufre los efectos de la contaminación del aire por presencia de metales tóxicos y dióxido de azufre.

Esta situación afecta gravemente la salud de todos los pobladores, especialmente de los niños, madres gestantes, madres lactantes y adultos mayores, quienes presentan dificultad para respirar, y están expuestos a elementos que causan dolores de cabeza, alteraciones en el sistema nervioso, problemas en órganos blandos como hígado, pulmón, corazón y en casos extremos cáncer y muerte.

Somos testigos del incumplimiento de los compromisos ambientales, laborales y sociales por parte de la empresa DRP, por mencionar un ejemplo, el 30 de septiembre pasado se inauguró la Planta de Ácido Sulfúrico del Circuito de Plomo; pero la calidad del aire que respira la población no ha mejorado. Hechos como estos siguen vulnerando los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Perú y afectando la vida y el desarrollo de los habitantes de La Oroya y de la Región Junín.

En el aspecto laboral, tenemos conocimiento que desde febrero del 2008 se registraron despidos de personal que prestaba servicios a la empresa DRP, algunos de ellos a través de empresas contratistas que vulneraron los derechos laborales de los trabajadores. Según palabras de César Gutiérrez Revilla, Alcalde Provincial de Yauli - La Oroya desde finales del 2008 habrían sido despedidos mil 100 trabajadores (Revista Caretas, 26 de marzo 2009)

Actualmente la empresa manifiesta que necesita dinero para continuar con sus operaciones y existe una preocupación de los trabajadores por mantener sus puestos laborales (trabajadores en planilla y contratados). Consideramos que este es un momento histórico de decisiones que nos lleven a lograr una SOLUCION MAYOR donde se respete el derecho de todos y todas.

Estas soluciones deben asegurar el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental PAMA en el plazo establecido, sin más ampliaciones, la disminución de la contaminación, el cumplimiento de normas ambientales, la atención en salud para toda la población afectada y un trabajo digno y seguro para el personal de contrata y de planilla.

Si bien la minería en este momento pasa por una crisis económica, también es necesario recordar que no siempre ha sido así. Según informaciones de la propia empresa Doe Run, difundida el sábado 28 de marzo en el diario La República, del 2005 al 2008 las utilidades netas de DRP aumentaron, siendo en total 508 millones de dólares.

Finalmente, es necesario recordar que el capital más valioso de una nación es su población, por ello exigimos que las decisiones que usted tome PROTEJA Y ASEGURE EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE TODOS LOS POBLADORES DE LA OROYA Y DE LA REGIÓN JUNÍN, este es el fin supremo del Estado, bajo ninguna circunstancia se puede afectar la vida, la salud y el trabajo, especialmente de los más pobres.

FIRMAN: Los pobladores y pobladores de la Oroya y de la Región Junín.

Tribunal de Venezuela pide detención de político opositor que tramita su asilo en Perú

El Ministerio Público de Venezuela informó hoy que un tribunal de ese país solicitó la detención del líder opositor y alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, al que acusa de hechos de corrupción cuando ocupó el cargo de gobernador en el estado de Zulia.


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Según informan agencias y portales internacionales, la justicia venezolana pidió a las policías locales y a la Interpol, la detención del ex candidato presidencial, quien se encuentra en el Perú tramitando un asilo político.

El organismo señala que el tribunal dictó la orden por considerar que Rosales “ha demostrado no poseer voluntad de someterse al proceso seguido en su contra” por presunto enriquecimiento ilícito.

Agrega, asimismo, que el alcalde Maracaibo “no ha contribuido con su conducta a la buena administración de justicia, y (la) celeridad del proceso es obligación del juez”.

La Fiscalía acusó a Rosales del presunto delito de enriquecimiento cometido entre los años 2002 y 2004, cuando Rosales era gobernador del Estado de Zulia, ubicada al noroeste de Venezuela.

Hace unas horas, el líder opositor venezolano lanzó, desde el Perú, duras expresiones contra el gobierno de Hugo Chávez y dijo que desde este país o cualquier otro lugar seguirá luchando contra el gobernante de su país.

Las expresiones de Rosales fueron cuestionadas minutos después por el canciller, José Antonio García Belaunde, quien dijo el Perú no puede ser utilizado como plataforma política.