Mineros de La Oroya preocupados por situación de Doe Run

Lima, 05/08/2009 (CNR) -- El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Doe Run Perú (DRP), Roiberto Guzmán, expresó su preocupación toda vez que reconoció que el proceso de solución concursal de la minera será “engorroso y toma mucho tiempo”.

A través de la CNR, Guzmán refirió que los mineros de La Oroya sólo esperan que el Ejecutivo atienda la problemática laboral tras el quiebre de la compañía, además de cumplir con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) mediante la construcción de la última planta de ácido sulfúrico.

Recordó que el gobierno, a través del ex premier Yehude Simon, garantizó la estabilidad económica de los trabajadores, a pesar de las cuantiosas deudas asumidas por la empresa estadounidense.

No obstante, el dirigente dijo que pese a que el actual premier se comprometió a lo mismo, los trabajadores saben que con la declaración de insolvencia de Doe Run, ellos “quedarán fuera”.

En ese contexto, reiteró su invocación para que el gobierno actúe de manera clara ante esta coyuntura, pues el único afán de los empleados de DRP “es trabajar, trabajar y trabajar”.

Así mismo, insistió en la necesidad de que “no empantane más" el cumplimiento del PAMA, toda vez que La Oroya requiere de acciones urgentes para resolver el problema medioambiental derivado de las operaciones del complejo metalúrgico.

Como se recuerda, el 3 de agosto, la minera Doe Run se declaró en insolvencia ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Por ley, dicho ente tiene un plazo de dos meses para resolver el caso con miras a que se reestructuren los pasivos de la empresa.

Estado debe constituirse en acreedor principal de Doe Run




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Lima, 05/08/2009 (CNR) -- El Estado debe constituirse en uno de los principales acreedores en la junta que se conformará tras la declaratoria de insolvencia de la minera Doe Run Perú (DRP), recomendó Conrado Olivera, integrante de la Red Muqui.

A través de la CNR, Olivera invocó al Estado a velar por el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por la compañía estadounidense en salvaguarda de la salud de la población de La Oroya.

Indicó que los 155 millones de dólares que DRP debe por la postergación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) más las demás deudas contraídas con el Estado, le permiten a éste último constituirse en el acreedor principal y, por ende, tener mayor autoridad para que se cumplan con las obligaciones medioambientales.

"Deberíamos aprovechar el tiempo con la participación de la junta de acreedores que se debe constituir (...) El Estado debe constituirse como uno de los principales acreedores en la junta y participar en la gestión, de manera que se cumpla con el PAMA", subrayó.

Respecto a la declaratoria de insolvencia, Olivera indicó que se pudo evitar llegar al sistema concursal si es que la empresa hubiera sido transparente, además de plantear alternativas concretas para evitar su quiebra.

Finalmente, sugirió a los trabajadores a mantenerse vigilantes respecto al cumplimiento de las obligaciones económicas asumidas por la minera.

"Hay un problema de reestructuración empresarial, eso debe ser evaluado (...) Lamentablemente, ahora tenemos que esperar los plazos de ley. No podemos acelerar los procesos porque están establecidos por las normas", puntualizó.